Nodal Jorge refirió que actualmente, el catastro está en proceso de finalizar este año con todas las provincias, a excepción de La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud. “Sin embargo, hemos logrado un avance significativo y esperamos concluir La Habana en el año 2024.
Es importante destacar que La Habana, al ser la provincia con mayor cantidad de inmuebles, acelera esta actividad de manera significativa”, destacó.
Estos datos catastrales, sostuvo, son emitidos siempre que se realice un levantamiento, y se certifican a través de la plataforma de Bienestar. En el futuro, a medida que se complete el catastro que estamos creando, habrá un sitio web donde la población podrá ver toda la información relacionada con su inmueble, incluyendo la superficie exacta y otros elementos relevantes, informó.
En cuanto al catastro rural, Nodal Jorge dijo que todos los terrenos entregados cuentan con una certificación catastral que incluye información detallada sobre su superficie, uso y tenencia. Esta información se trabaja directamente con el registro de tenencia de la tierra, y el plazo de emisión de la certificación es de 60 días. Si bien es un proceso más complejo debido a la necesidad de desplazamiento y mediciones en zonas montañosas, estamos trabajando para cumplir con este plazo, afirmó.
Por último, “a través del catastro, podemos determinar el valor catastral del suelo de manera homogénea y uniforme, utilizando criterios de corrección y considerando las diferencias de infraestructura en diferentes áreas. Además, se incluyen los derechos perpetuos de superficies del terreno, que se están empleando en cumplimiento de la ley. Es importante mencionar que estos valores pueden variar, pero siempre estarán dentro de los límites legales establecidos”, comentó.
El año 2024 será un hito importante para el catastro, ya que nos permitirá brindar un mejor servicio a la población. Estamos trabajando en esa dirección para lograrlo, concluyó Nodal Jorge.
En los minutos finales de la Mesa Redonda, el Master en Ciencias Héctor Zayas Aliaga, director de Inspección Estatal del INOTU, explicó que a nivel nacional se cuenta con inspectores desde el instituto hasta los niveles municipales, cuya misión es llevar a cabo la inspección y control del territorio en cuanto al ordenamiento territorial, de acuerdo con la ley.
Están sujetos a esta inspección todas las personas naturales y jurídicas que utilizan este ordenamiento territorial, y son responsables de prevenir y enfrentar la ilegalidad en relación a los terrenos y espacios que conforman su patrimonio, dijo.
Todos tenemos un desafío, como se planteó anteriormente, en cuanto al ordenamiento territorial y urbanístico, y en la implementación de esta inspección. Contamos con instrumentos que, de una forma u otra, han sido explicados y enfatizados por mis colegas. En el caso de los planes de ordenamiento territorial urbano, son responsabilidad de los consejos de administración municipales, quienes los presentan ante las Asambleas municipales del Poder Popular. Una vez aprobados, son los encargados de exigir y controlar su cumplimiento, refirió.
En este momento, nos enfrentamos al desafío de fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto con los consejos populares, para llevar a cabo una labor preventiva y educativa en nuestra comunidad. Nuestro objetivo es evitar que se cometan ilegalidades y violaciones en el ámbito del ordenamiento territorial, aprovechando las diferentes actividades que realizamos, consideró Zayas Aliaga
Resaltó que la labor del INOTU, tal como nos ha sido encomendada por la presidencia del instituto, es fundamentalmente educativa. En primer lugar, debemos cumplir con las orientaciones de nuestro estado y gobierno. Y, sobre todo, recordar las palabras del General de Ejército, quien nos expresó que nuestra tarea no es prohibir, sino ordenar. No es reprimir, sino disciplinar. Esta labor es responsabilidad de todos, en conjunto.